PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

Publicación: 10/06/2004
Jurisdiccion:Penal
Origen:Consejo General del Poder Judicial
Tipo Resolución: Protocolo
 
Texto Completo:

Aprobado en la reunión del 10-6-04 por la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica


I.- ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

Con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar y amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato, se potenciará la presencia, en todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia doméstica y de género.

I.A.- ACTUACIÓN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

Desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia de violencia doméstica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizarán las siguientes actuaciones:
1.- Por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que deban adoptarse en cada caso, así como el orden de prioridad que deba asignarse al seguimiento de las mismas, se realizarán acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la/s víctima/s, en concreto:
Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y los testigos, si los hubiera. Si lo solicita la víctima, se requerirá la presencia de Abogado perteneciente al Servicio de Guardia de 24
horas allí donde exista este recurso y en la forma en la que se preste, permitiéndole en este caso conocer el contenido del atestado.
Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de infracción penal, información de los vecinos y personas del entorno familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, etc., acerca de cualesquiera
malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones.
Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los antecedentes de este último y posibles partes de lesiones de la víctima remitidos por los servicios médicos.
e comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas. A estos efectos y en todos los casos, se procederá a
consultar los datos existentes en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.
Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y permanente entre la/s víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad correspondiente, con objeto de disponer inmediatamente de los datos
necesarios para valorar la situación de riesgo en cada momento, y a tal efecto, siempre que sea posible:
Se asignará dicha función a personal con formación especializada en la asistencia y protección de las víctimas de violencia doméstica.
Se facilitará a la víctima un teléfono de contacto directo y permanente con el/los funcionarios asignados para su atención individualizada.
Se facilitarán a la víctima mecanismos o dispositivos técnicos que permitan una comunicación rápida, fluida y permanente entre la víctima y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, en los
supuestos en que atendidas las circunstancias del caso y de la propia víctima ello sea necesario.
2.- Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se determinará la conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares, entre otras:
Protección personal que, según el nivel de riesgo que concurra, podrá comprender hasta la protección permanente durante las 24 horas del
día.
Utilización de dispositivos tecnológicos.
nformación / formación sobre adopción de medidas de autoprotección.
Asegurar que la víctima sea informada de forma clara y accesible sobre el contenido, tramitación y efectos de la orden de protección; así como de los recursos policiales, sociales, de atención a la víctima y de los puntos de coordinación que se encuentran a su alcance.
Información expresa sobre los servicios de orientación jurídica gratuita y de asesoramiento por Abogado especializado. En los casos en que las circunstancias lo permitan, esta información podrá ser suministrada por el correspondiente Punto de Coordinación u Oficina de Atención a la Víctima.
3.- Se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que pudieran hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor.
4.- Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor.

I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO.

Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán recoger en el atestado las diligencias y contenidos mínimos que se acompañan como Anexo al presente Protocolo, que será remitido para su aprobación al Comité Técnico de Coordinación de Policía Judicial; y, una vez aprobado, se facilitará a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y al resto de Organismos e Instituciones representadas en la Comisión de Seguimiento de la implantación de la Orden de Protección de las víctimas de la Violencia Doméstica.
En el atestado se hará constar cuantos datos existan como antecedentes y hagan referencia a malos tratos cualesquiera por parte del presunto agresor, obtenidos como resultado de las averiguaciones practicadas según lo expuesto en el epígrafe I.A de este Protocolo.
Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes.
La Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad instructora del atestado derivado de infracción penal en materia de violencia doméstica o solicitud de la Orden de Protección, adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la Autoridad Judicial, a fin de asegurar la presencia de la víctima o su representante legal, del solicitante, del denunciado o presunto agresor y de los posibles testigos, ante la Autoridad Judicial (Juzgado de Guardia), que vaya a conocer del asunto.
A estos efectos, durante la tramitación del atestado se recabará la mayor cantidad de datos que puedan llevar a la identificación, localización y control del presunto agresor (filiación, teléfonos, domicilios, trabajos, lugares frecuentados, vehículos, fotografías, cintas de vídeo, etc.), de tal forma que su declaración se incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su posterior citación ante el órgano judicial.
En todo caso, la Unidad Policial dispondrá lo necesario para evitar la concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la víctima, sus hijos y restantes miembros de la familia.

I.C.- ACTUACIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN O DE UNA MEDIDA DE ALEJAMIENTO ACORDADA POR EL ÓRGANO JUDICIAL.

Una vez recibida la comunicación de la resolución y la documentación acompañada a la misma por el órgano judicial, la unidad operativa responsable del seguimiento y control de la/s medida/s acordada/s, se atendrá a los siguientes criterios:
1.- Examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar las medidas aplicables a las distintas situaciones que puedan presentarse. Para realizar el diagnóstico y motivación de la situación
objetiva de riesgo, se tendrán en cuenta tanto los datos y antecedentes obtenidos en la fase de investigación y elaboración del atestado, los facilitados por la autoridad judicial (véase el epígrafe III.D, apartados 2 y del presente protocolo), y los que pudieran ser facilitados por la Oficina de Atención a la Víctima o el Punto de Coordinación al que hace referencia el apartado 8 del artículo 544.ter de la LECr.
2-. Análisis del contenido de la resolución judicial. Para determinar qué elementos pueden contribuir a incrementar la seguridad de la/s víctima/s resulta imprescindible el conocimiento preciso del contenido de la parte dispositiva de la resolución judicial (número de metros o ámbito espacial de la prohibición de aproximación ....).
3.- Adopción de medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo que concurra en el supuesto concreto: custodia policial de 24 horas, vigilancia electrónica del imputado, asignación de teléfonos móviles, vigilancia policial no continuada, etcétera. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
En ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre albedrío de la víctima.
Siempre que sea posible se hará recaer en el agresor el control policial del cumplimiento de la orden de protección o medida de alejamiento.
4.- Elaboración de informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad Judicial, siempre que el órgano judicial lo solicite o cuando se considere necesario por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5.- En los supuestos de reanudación de la convivencia, traslado de residencia o renuncia de la víctima al estatuto de protección, que eventualmente pudieran producirse, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán inmediatamente tales hechos en conocimiento del órgano judicial para que proceda a la adopción de las medidas que considere oportunas.

II.- CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO.

Reconociendo la relevancia de la medida de alejamiento para la eficacia del sistema de protección de la víctima, se establecerán las condiciones para garantizar su cumplimiento.

II.A.- ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA MEDIDA DE ALEJAMIENTO.

Cuando el órgano judicial determine el contenido concreto de la prohibición de aproximación a la que se refieren los artículos 57 CP (pena), 105.1 g) CP (medida de seguridad), 83.1,1 ° y 1 ° bis CP (condición para la suspensión de la pena), 93 CP (regla de conducta para el mantenimiento de la libertad condicional) y 544 bis LECR (medida cautelar o de protección de la víctima), resulta conveniente que establezca un ámbito espacial suficiente para permitir una rápida respuesta policial y evitar incluso la confrontación visual entre la víctima y el imputado. A tal efecto parece adecuado que la dista ncia sea al
menos de 500 metros, resultando también conveniente que se fije la fecha de entrada en vigor y finalización de la media de prohibición de aproximación.

II.B.- DETENCIÓN DEL RESPONSABLE POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que se procederá a la inmediata detención del infractor, tanto en los casos del artículo 468 CP, como en los supuestos previstos por el artículo 153,2º CP (lesión, maltrato de obra o amenazas con armas o instrumentos peligrosos quebrantando el alejamiento) y 173.2,2° CP (delito de violencia habitual quebrantando el alejamiento). Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial de forma urgente, acompañado del correspondiente
atestado. Esta actuación se comunicará al Ministerio Fiscal.

II.C.- COMPARECENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL ALEJAMIENTO.

Cuando el detenido sea puesto a disposición del Juzgado en servicio de guardia, éste convocará necesariamente la comparecencia regulada en el artículo 505 LECR para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503 o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de la libertad personal del inculpado, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.
Debe tenerse en cuenta que, cuando exista solicitud de Orden de Protección, el contenido de la audiencia por incumplimiento de la medida de alejamiento se desarrollará en el seno de la audiencia para la adopción de dicha Orden de Protección prevista por el artículo 544 ter LECR (artículo 544 ter.4,2º LECR). Por otra parte, en los supuestos del procedimiento de "juicio rápido por delito" (del Título III del Libro IV LECR), la mencionada audiencia coincidirá con la audiencia del artículo 798 LECR, haya existido o no solicitud de Orden de Protección (artículos 501.2 ,2° y 544 ter.4,2° LECR).
A esta comparecencia serán citadas las siguientes personas: el imputado, que deberá ser asistido de letrado por él elegido o designado de oficio; el Ministerio Fiscal; el resto de partes personadas; cuando se realice en el seno de la audiencia para la Orden de Protección, también será convocada la víctima o su representante legal, así como la persona solicitante de la Orden de Protección si es distinta.

II.D.- POSIBLE ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PROVISIONAL O DE OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA.

Una vez celebrada la comparecencia, y si concurren los requisitos exigidos legalmente en cada caso, el órgano judicial podrá adoptar las siguientes medidas:
Prisión provisional. De conformidad con el contenido del artículo 503.1,3° c) LECR en relación con el último párrafo del artículo 544 bis LECR (según la redacción de ambos preceptos dada por la Ley
Orgánica 13/2003, de 24 de octubre), el incumplimiento de la medida de alejamiento podrá determinar, con carácter general, la adopción de la prisión provisional.
Otras medidas cautelares o de protección de la víctima, incluidas aquéllas contempladas por los artículos 48 CP y 544 bis LECR más gravosas para la libertad de circulación y deambulatoria del imputado.
Se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, previa la celebración de la audiencia del artículo 505, para acordar la prisión provisional o la libertad provisional con fianza. Cualquier otra medida cautelar distinta puede adoptarse por la Autoridad Judicial de oficio a instancia de parte.

III.- COMUNICACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDA

Se mejorarán las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales penales y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el establecimiento de un sistema
ágil de intercambio de información que, con la finalidad de permitir la recíproca
y urgente comunicación de aquellas incidencias que puedan afectar a la
seguridad de la víctima, se fundamentará en las bases que se exponen a
continuación:

III.A.- OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Se establecerán los mecanismos necesarios para optimizar el funcionamiento del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, contemplado por la Ley 27/2003, de 31 de julio, relativa a la Orden de Protección, y regulado en el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo:
Remisión de los datos por parte de los órganos judiciales a través de los procedimientos telemáticos regulados en el Rd 355/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones administrativas que los desarrollen,
garantizando, en todo caso, la transmisión rápida y segura de toda la información que los órganos judiciales deben comunicar al Registro Central, asegurando la protección de los datos de carácter personal
en los términos exigidos por la legislación vigente.
Agilidad, tanto en relación con la inscripción en el Registro, como en el acceso a su contenido por la Policía Judicial en los términos previstos por el Real Decreto 355/2004.
Elaboración del Protocolo General de seguridad informática de los registros de la Administración de Justicia, previsto por la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 355/2004, para posibilitar la comunicación telemática de datos al Registro. En la elaboración del Protocolo General de Seguridad Informática de los Registros de la Administración de Justicia participarán las Comunidades Autónomas
con competencias en materia de Administración de Justicia.

III.B.- CONEXIÓN TELEMÁTICA ENTRE ÓRGANOS JUDICIALES Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

Se estudiará el desarrollo de un sistema telemático de intercambio de documentos entre los órganos judiciales penales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
Se realizará en un entorno plenamente seguro que garantice la confidencialidad de la comunicación .La conexión entre las redes telemáticas de la Administración de Justicia y las redes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizará a través del "Punto Neutro Judicial" establecido en el seno del Consejo General del Poder Judicial. En las conexiones que hayan de tener lugar dentro del ámbito territorial de Comunidad Autónoma, podrá hacerse a través de los puntos de conexión establecidos por cada Administración en sus redes de comunicaciones electrónicas.
Se procederá al desarrollo e implantación de las aplicaciones informáticas que resulten necesarias al efecto, en el marco de unas líneas de actuación generales, coordinados y consensuadas por la
Comisión de Seguimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 230.5,2º LOPJ.
Hasta que se desarrolle el sistema telemático de intercambio documental, se potenciará la utilización de la remisión de la documentación mediante el fax, sin perjuicio de su posterior envío a través de los medios ordinarios.

III.C.- COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD A LOS ÓRGANOS JUDICIALES.

Toda denuncia penal en materia de violencia doméstica o solicitud de una orden de protección presentada en las dependencias policiales, deberá ser cursada y remitida sin dilación por cualquier conducto urgente y seguro que pueda establecerse, incluido el telemático, a la Autoridad Judicial (Juzgado de Guardia), acompañada del preceptivo atestado policial, tanto si se tramita por el cauce procedimental ordinario o por el especial establecido para los "juicios rápidos", según proceda.
Cuando las circunstancias de la investigación hicieran inviable la entrega inmediata del atestado completo a la Autoridad Judicial porque hubiera sido imposible realizar algunas diligencias y, la urgencia del caso -atendida la situación de la víctima- aconsejara la adopción de medidas con carácter urgente, se entregará la denuncia o la Orden de Protección junto con lo instruido hasta ese momento del correspondiente atestado, finalizándose el mismo por medio de las pertinentes diligencias ampliatorias.
La Policía Judicial mantendrá informada, en todo momento, a la Autoridad Judicial, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las Oficinas de Atención a la Víctima, de las incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar al contenido o alcance de las medidas de protección adoptadas, especialmente de las señaladas en el epígrafe I.C. apartado 5 de este Protocolo.

III.D.- COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

1.- Resoluciones judiciales
La Autoridad Judicial comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes o, en su caso, a los puntos de recepción centralizada designados en cada territorio, aquellas resoluciones
que decreten una orden de protección, medidas cautelares u otras medidas destinadas a proteger a la víctima, así como su levantamiento y modificación, y aquellas otras que pudieran afectar a su seguridad, dictadas durante la fase de instrucción o intermedia en procesos por delito .
Por otra parte, se garantizará el cumplimiento efectivo por los órganos judiciales de las obligaciones contenidas en los artículos 5.1,2º y 6.2,2º del Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica: remisión a la Policía Judicial de la nota impresa de condena (pena o medida de seguridad impuesta en sentencia firme) y de las medidas cautelares y órdenes de protección dictadas. A tal efecto, se utilizarán los modelos que figuran como Anexos del Real Decreto 355/2004 y, cuando se encuentre operativo, el sistema telemático de intercambio documental al que se refiere el epígrafe IIIBdel presente Protocolo. Asimismo, para facilitar la inmediata comunicación a la Policía Judicial de cualquier modificación de las medidas cautelares y las órdenes de protección dictadas, los órganos judiciales también remitirán nota impresa de dichas modificaciones.
2.- Informes
Para facilitar el examen individualizado de la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima, el órgano judicial también remitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes copia de los informes obrantes en el proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales o de otro tipo de la víctima, del imputado o de su núcleo familiar.
En este sentido:
El órgano judicial podrá encomendar al Médico Forense la elaboración de un informe sobre la concurrencia de indicadores de riesgo atendiendo a los elementos concurrentes en la persona de la víctima,
en la persona denunciada, en los hechos objeto de denuncia y en las circunstancias psicosociales del grupo familiar. A los anteriores efectos, las Administraciones con competencias en materia del personal al
servicio de la Administración de Justicia procederán a la aprobación de los correspondientes Protocolos.
Asimismo, el órgano judicial valorará la posible emisión de informes en este ámbito por parte los trabajadores sociales y psicólogos que presten sus servicios en las Oficinas de Atención a la Víctima, Equipos
Psicosociales y otros organismos que pudieran existir al servicio de la Administración de Justicia.
3.- Otros antecedentes
La Autoridad Judicial también pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad la existencia de otros procesos penales incoados contra el mismo autor, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren o aunque hayan finalizado por resolución dictada al efecto. También incorporará informaciones obrantes en Registros que se hayan establecido de conformidad con la Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del CGPJ sobre normas de reparto penales y registro informático de violencia doméstica.
4.- Otras comunicaciones
La Autoridad Judicial mantendrá informados, en todo momento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Ministerio Fiscal de las incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar a la seguridad de la víctima.
En todo caso, pondrá en conocimiento de la unidad policial la efectiva notificación al inculpado de la resolución en que se acuerde la orden de protección o la medida de alejamiento.
5.- Destino de las comunicaciones
La Autoridad Judicial remitirá las comunicaciones a las que se refieren puntos 1, 2, 3 y 4 del presente epígrafe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes.
La Unidad policial que reciba la comunicación dará traslado de ella, sin dilación, a la Unidad correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competente en materia de violencia doméstica (Cuerpo Nacional de Policía SAM, UPAP--, Guardia Civil -EMUME- Policía Autonómica o Policías Locales).
Asimismo, se pondrán en marcha los mecanismos de coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales), establecidos en la legislación vigente y en el protocolo elaborado al efecto.
La unidad policial que haya recibido de la Autoridad Judicial la comunicación de la orden de protección o de la adopción de una medida de alejamiento, así como su levantamiento y modificación, procederá a su inclusión, sin dilación, en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN).

IV.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL

El Fiscal General del Estado, en plena sintonía con el parecer unánime de los integrantes de la Junta de Fiscales de Sala, ha expresado su decisión favorable a la viabilidad de las medidas y a la procedencia de las soluciones sugeridas por el Consejo de Ministros celebrado el día 7 de mayo de 2004.
Es propósito de la Fiscalía General del Estado actuar, con la máxima celeridad posible, en una doble dirección. De una parte, fomentando todos los contactos institucionales precisos para alcanzar una cooperación eficaz en la respuesta a la acción delictiva.
Al propio tiempo, en espera de la elaboración de la Ley Integral contra la violencia de género, anunciada recientemente por el Gobierno de la Nación, y en el marco de las pautas acordadas por el Consejo de Ministros dirigidas de forma específica al Fiscal General del Estado, es intención de la Fiscalía General dictar una Instrucción que profundice, complemente y, si fuera posible, mejore la unidad de actuación de los Fiscales. Dicha Instrucción, recogiendo la experiencia acumulada por el trabajo diario y participando de las indicaciones recogidas en el Protocolo, fijará las pautas de actuación para que, como han venido haciendo, continúen su trabajo de forma unitaria y firme en relación con el tratamiento jurídico de estos comportamientos delictivos.

V.- COMUNICACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS

Las Unidades Policiales, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado se comprometen a realizar informes periódicos sobre datos relativos a la repercusión territorial de la violencia doméstica y de género que se comunicarán al Ministerio de Justicia con objeto de evaluar políticas de actuación para la toma de decisiones en materia de Planta Judicial.
Los mencionados informes también serán enviados a las Comunidades Autónomas con relación a la repercusión de la violencia doméstica y de género en su ámbito territorial, con objeto de planificar,
desarrollar y ejecutar políticas en materia de violencia doméstica

VI.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO

De conformidad con las líneas de actuación y el marco general fijado por este Protocolo, las Comunidades Autónomas con Polícia Autonómica propia y con competencias en materia de Justicia podrán establecer Protocolos de actuación concretos para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género de su respectivo ámbito territorial.

ANEXO: CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ATESTADO

1.- MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA

Con antelación al inicio de las declaraciones, se informará a la víctima del derecho a la asistencia letrada bien mediante un abogado de su designación o, en otro caso, a ser atendida por los servicios de orientación jurídica gratuita del correspondiente Colegio de Abogados.
Asimismo, se le preguntará sobre la existencia de lesiones y, en caso positivo:
a) Si ya ha sido asistida en algún centro sanitario y dispone de parte médico, se adjuntará a la denuncia.
b) En otro caso, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica, adjuntando a la denuncia el parte médico que se emita.
c) Si la víctima no desea ser trasladada a un centro sanitario, se reflejará por escrito, mediante diligencia, las lesiones aparentes que puedan apreciarse y se solicitará a la víctima la realización de fotografías de las mismas para unirlas a la denuncia.
Teniendo en cuenta la situación emocional de la víctima, se deberá respetar que ésta se exprese de manera espontánea, sin ser interrumpida en el relato de los hechos, procurando que la declaración sea lo más exhaustiva y detallada posible.
Se le preguntará, en primer lugar, acerca de los datos que permitan realizar gestiones inmediatas tendentes a garantizar su propia seguridad y la de sus hijos y a la detención del agresor, en su caso.
Una vez efectuada la declaración espontánea de la víctima, deberá completarse el atestado con la mayor información posible y, en todo caso, se requerirá de ella la información que se relaciona , sin perjuicio de la posibilidad de formular otras preguntas que se consideren necesarias para completar la investigación policial.

2.- DATOS DE LA VÍCTIMA Y SU AGRESOR

Filiación de la persona o personas maltratadas.
Domicilio y teléfono de contacto.
Filiación del agresor o agresores.
Domicilio y teléfono/s.
Relación familiar, afectiva o de otro tipo entre la víctima y el agresor.
Tiempo de convivencia.
Profesión y situación laboral del agresor.
Centro de trabajo.
Situación económica del mismo.
Comportamiento del agresor en el cumplimiento de las cargas familiares.
Descripción del temperamento del agresor.
Estado de salud (enfermedades, tratamientos médicos, etc).
Adicciones, toxicomanías, etc del agresor.
Lugares que frecuenta.
Armas que posea (si conoce si su tenencia es legal o ilegal, y si debe portar armas debido a su trabajo ).
Vehículo/s que utiliza el agresor.
Fotografía actualizada de la víctima o víctimas.
Fotografía actualizada del presunto agresor.

3.- DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Componentes del grupo familiar, en su caso, especificando si existen hijos, comunes o no, y si conviven con la pareja o no. Datos de identidad y edad de los mismos.
Existencia de procedimientos civiles de separación o divorcio y, en tal caso, juzgado en el que se han tramitado o se están tramitando y medidas que se han adoptado en relación con el uso de la vivienda y la
custodia de los hijos, si los hubiera.
Situación laboral de la víctima.
Situación económica de la víctima.
Dependencia económica, en su caso, de la víctima respecto del agresor.
Situación laboral de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, descendientes,...).
Situación económica de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, descendientes...).
Situación en que se encuentran los menores que de ella dependan, si los hay.
Lugares que frecuenta la víctima o víctimas (lugares de trabajo, ocio, colegios, etc).

4.- DATOS DE LA VIVIENDA Y PATRIMONIALES

Régimen matrimonial (ganancial, separación de bienes,...), si estuvieran
casados.
Tipo de vivienda familiar (propiedad, alquiler, etc.).
Medidas de seguridad con que cuenta la vivienda.
Situación de la vivienda (en comunidad o aislada).
Otras viviendas de su propiedad o del agresor.
Vehículos propiedad de la víctima.
Familiares o amigos que puedan prestarle cualquier tipo de ayuda.

5.- HECHOS

Descripción de los hechos. El relato de los hechos será cronológico, claro y preciso. Se solicitará a la víctima que exponga los hechos con sus propias palabras, sin modificar sus expresiones en atención a la
eventual crudeza de las mismas.
Lugar de los hechos.
Fecha o fechas en q ue se produjeron.
Motivos esgrimidos por el autor.
Tipo de maltrato: físico, psicológico o moral. El maltrato ocasionado debe relatarse con todo tipo de detalles, huyendo de expresiones genéricas y reflejando lo más fielmente posible las palabras utilizadas,
los insultos, las amenazas, etc..., así como las acciones que se hayan producido.
Medios utilizados.
Estado de salud de la víctima (enfermedades, tratamientos médicos, etc).
Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido denunciados.
Denuncias formuladas por hechos anteriores. Si recuerda cuándo y ante quién.
Si goza del amparo de alguna orden de protección.
Testigos que puedan corroborar los hechos denunciados (familiares, amigos, vecinos, etc).

6.- SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN

En todo caso se informará a la víctima de la posibilidad de solicitar una Orden de Protección, así como del contenido, tramitación y efectos de la misma. En caso positivo, se cumplimentará dicha solicitud y se remitirá al Juzgado de Guardia junto con el atestado.

7.- COMPARECENCIA Y MANIFESTACIÓN DEL DENUNCIADO

Se reseñará su filiación completa.
La toma de manifestación del denunciado deberá ir dirigida a un conocimiento exhaustivo de los hechos y a facilitar la investigación policial, así como la resolución que haya de adoptar la Autoridad Judicial
Las contestaciones proporcionadas por la víctima han de ser contrastadas con la formulación de otras tantas preguntas al denunciado que permitan esclarecer los hechos objeto de la investigación

8.- MANIFESTACIÓN DE LOS TESTIGOS

Se reseñará su filiación completa.
Después de la identificación y constancia en el cuerpo del atestado de cada uno de ellos, se procederá a la formulación de aquellas preguntas tendentes al esclarecimiento de los hechos y confirmación de las declaraciones formuladas por la víctima y el presunto agresor. Y en todo caso, al menos las siguientes:
Si fue testigo ocular o de referencia.
Descripción de los hechos por él conocidos.
Conocimiento de otros supuestos similares ocurridos con anterioridad.
Si en algún momento con anterioridad hubo de prestar ayuda a la víctima.
Comportamiento habitual de víctima y agresor en la comunidad donde residan, si el testigo reside en ella.
Relación con la víctima y el agresor.

9.- DECLARACIÓN DE LOS AGENTES POLICIALES QUE HAYAN INTERVENIDO EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA

Resulta imprescindible que se consignen las declaraciones detalladas e individualizadas de cada agente policial que haya intervenido en auxilio de la víctima con indicación de las diligencias y actuaciones realizadas por cada policía interviniente.
Cuando el atestado policial se inicie como consecuencia de que la víctima va acompañada de los agentes policiales que han intervenido a su requerimiento o de un tercero, esta diligencia de declaración deberá figurar al comienzo del atestado.

10.- DILIGENCIAS POLICIALES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA

El atestado debe recoger, igualmente, las diligencias que sean necesarias para reflejar las actuaciones que hayan practicado la Policía Judicial y la Policía Científica para la averiguación y comprobación de los hechos denunciados.
En estas diligencias se recogerán los resultados de la inspección ocular técnico-policial y se reseñarán todos aquellos medios de prueba que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.
Las diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que sea posible mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes.
Como parte integrante de estas diligencias, se deberá elaborar un informe vecinal para hacer constar cuantos datos puedan ser de utilidad, como antecedentes de los hechos ocurridos. En concreto, sobre la conducta que abarque las relaciones entre agresor y víctima, noticias sobre agresiones anteriores y conceptuación pública de pareja en la sociedad, citando las fuentes (no es necesaria su identificación personal).

11.- DILIGENCIA DE DETENCIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS

Cuando se haya procedido a la detención del denunciado, presunto agresor, como consecuencia de la existencia de indicios racionales de que el mismo resulte autor de un hecho delictivo o en otro caso, bien por el quebrantamiento de una medida cautelar judicial de alejamiento o dadas las circunstancias que concurren en los hechos se deduzca la existencia de grave riesgo para la víctima, se extenderá una diligencia de detención e información de derechos, cuyo modelo figura como Anexo.

12.- DILIGENCIA DE INCAUTACIÓN DE ARMAS

Se extenderá esta diligencia cuando se haya procedido a la incautación de las que pudiera estar en posesión el presunto agresor para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, se dará cuenta a la Autoridad gubernativa por si hubiere lugar a la revocación de la autorización administrativa al amparo del Reglamento de Armas. Asimismo, en el caso en que el presunto agresor deba portar armas debido a su puesto de trabajo, bien por pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por desarrollar su labor en el ámbito de la Seguridad Privada, se informará al
superior jerárquico de aquel, de los hechos en los que se ha visto implicado.

13.- DILIGENCIAS DE APORTACIÓN DE ANTECEDENTES REFERIDOS AL PRESUNTO AGRESOR

En esta diligencia se hará constar todos los antecedentes que consten en las bases de datos policiales, y de manera especial se reseñarán siempre todas aquellas que se refieran a la violencia de género.
Igualmente, se reseñará la información disponible grabada en el Registro Central de Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia, relativa al agresor y la víctima con especial referencia a los antecedentes penales y a las medidas que se hayan podido adoptar con anterioridad como consecuencia de una orden de protección o resolución judicial de alejamiento.

14.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL INFORME MÉDICO

Cuando la víctima hubiera recibido atención médica, se acompañará al atestado el parte facultativo emitido al respecto.

15.- DILIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Esta diligencia se extenderá para informar a la Autoridad judicial de las medidas policiales adoptadas de manera cautelar para proteger a la víctima, cuando exista riesgo para ella, hasta tanto se dicte por aquélla la correspondiente resolución En el caso de que la víctima cambie de domicilio, se elaborará una diligencia reservada con destino a la Autoridad Judicial en la que conste los
datos de éste último.

16.- DILIGENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Cuando exista especial peligrosidad para la víctima, teniendo en cuenta los datos relevantes que consten en el atestado, el Instructor podrá hacerlo constar expresamente mediante diligencia complementaria al mismo.

17.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL ATESTADO AL ÓRGANO JUDICIAL.

18.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Parte facultativo de las lesiones de la víctima y/o fotografías de las mismas
Solicitud de la orden de protección
Diligencia de detención e información de derechos (si la hubiera)
Cualquier otra diligencia que no conste en el cuerpo del atestado.